Refuerzo de los servicios de agua para luchar contra la COVID-19 en América Latina

Fuente: AECID

España ha concedido en las últimas semanas tres nuevas subvenciones para favorecer la respuesta a la emergencia de la COVID-19 apoyando a los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Dos de las donaciones están destinadas a las ONGD salvadoreñas PROVIDA y Asociación de Desarrollo Económico Social – ADES Santa Marta por valor de 119.472 y 93.148 euros, respectivamente, y la tercera a la ONG ecuatoriana Centro de Apoyo al Desarrollo PROTOS EC por 212.617 euros.

Los programas tienen como objetivo reforzar las medidas de prevención frente al coronavirus en las comunidades rurales más vulnerables. En El Salvador, por ejemplo, incluyen la compra y distribución de kits de potabilización, la adquisición e instalación de cloradores, así como capacitaciones para el correcto funcionamiento de los servicios y la inspección técnica de los sistemas. La donación otorgada en Ecuador apoyará a los servicios públicos de agua potable y saneamiento en poblaciones montubias, indígenas y afroecuatorianas en las provincias de Manabí y Esmeraldas , impulsando la rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento que se encuentran operando de manera irregular o con calidad deficitaria. Asimismo, se incluyen productos para la desinfección de agua en el ámbito familiar y comunitario, así como acciones para el fortalecimiento de capacidades de las comunidades y de los servicios municipales.

Estas acciones de emergencia, que durarán entre 10 meses y un año, se realizan con fondos europeos LAIF (Facilidad de Inversión en América Latina) en el marco del acuerdo de delegación entre la AECID y la Comisión de la Unión Europea para la implementación del Programa: “Promover la adaptación al cambio climático y la gestión integral de los recursos hídricos en el sector de agua y saneamiento en América Latina en el marco del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento”, que lleva más de siete años desarrollándose en América Latina con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).